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domingo, 20 de octubre de 2019

Violencia de género en Bolivia, entre utopías y autopsias


Según datos del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, en los primeros cinco meses de 2019 se han detectado 47 casos de feminicidio en Bolivia, y hasta la fecha se han mediatizado 8 feminicidios nuevos. La Paz se ubica en la cabecera con 10 casos registrados

En mayo el ministro Carlos Romero dio a conocer que Bolivia se encuentra en el puesto número uno en cuanto a violencia en toda Latinoamérica según el Latinobarómetro 2018. El año 2018 de 86.679 hechos delictivos 28.000 correspondieron a sucesos de violencia contra la mujer. Además que según el informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina con datos de 2016 y 2017 que también mencionó el ministro Romero, Bolivia a su vez ocupa el primer lugar de Sudamérica en relación a feminicidios. La policía boliviana establece que cada dos días en Bolivia una mujer es asesinada por su pareja, ex pareja o acosador debido a infidelidad, consumo de alcohol o psicopatía. Datos que pueden elevarse aún más debido a la gran cantidad de casos que pasan por suicidio, accidente, enfermedad o aquellos que ni siquiera son registrados y no entran en ninguna estadística, dejando a los malhechores impunes, e incluso con la posibilidad de llegar a una absolución como se vio en 2018.
Frente a esta realidad, Víctor Hugo Cárdenas, candidato para la presidencia en las siguientes elecciones, propone que las mujeres deberían manejar armas para la defensa personal. Haciendo énfasis en que todas manipulen armamentos “menos las locas”, entre otras declaraciones reaccionarias como el rechazo al aborto en niñas de 12 años por “ya poseer un cuerpo de mujer”. Declaraciones misóginas que atentan los derechos de las niñas y adolescentes que son forzadas a llevar embarazos no deseados a término para después hacer pasar como “victoria” un mal llamado aborto, parto en realidad, como el caso de la adolescente de 14 años en Santa Cruz cuyo bebé se mantuvo con vida después del procedimiento que se le hizo a los siete meses de gestación.
Estos sectores conservadores y reaccionarios además ejercen su lucha diaria contra lo que llaman “ideología de género”, desligándose de casos de violadores como el sacerdote Juan José S.T. quien violó a más de una treintena de niños en Tapacarí – Cochabamba, en Icla – Chuquisaca Eduardo R. denunciado por abusar a una docena de niños y adolescentes o en San Benito – Cochabamba José M. igualmente acusado por pederastia en niños desde los 6 años. Siendo los únicos 3 casos de curas con sentencia en Bolivia de los cuales un acusado está prófugo, otro detenido y el último se suicidó. Datos similares a los casos de pastores detenidos por someter a sus víctimas a violaciones como Bernabé A.V. o el caso del pastor J.C.J.V ambos detenidos en 2018 por abuso a menores.
Estas situaciones de violencia son terriblemente, puesto que representa un riesgo muy alto el hecho de ser niña o adolescente. Según IPAS (Alianza Libre de Violencia) entre enero y abril de 2019 ocurrieron 649 casos de estupro o violación a menores de 18 años o según datos actuales del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por su nombre en inglés), cada 3 horas en Bolivia una menor de 14 años queda embarazada. Incluso es riesgoso ser mujer adulta o anciana, como el caso que se mediatizó hace unos días de una señora de 85 años violada y asesinada en Tiquipaya – Cochabamba, entre otros.
Frente a toda esta realidad, las mujeres bolivianas tratan de ampararse en la ley 348 en contra de toda forma de violencia hacia la mujer. No obstante, la lucha se dificulta ante el escaso presupuesto otorgado a la lucha contra la violencia de género y el ausente personal capacitado en las instituciones públicas manejadas desde los SLIMS (Servicios Integrales y Legales para la Mujer), que en muchos casos sugieren conciliaciones entre víctimas y agresores aunque esto esté en contra de la ley y represente peligro de muerte para la parte afectada, hasta las esferas más altas del sector público sea del partido oficialista o de la oposición. Incluso instrumentalizando la violencia de género de forma conveneciera en época electoral, con campañas que se esfuerzan en que la violencia es una cuestión de autoestima y la salida debe ser el amor propio.
Así es que nos encontramos entre la utópica ley en contra del maltrato a la mujer y la flagelante realidad de tener que convivir con abusadores. Considerando que en caso de querer acceder a la justicia puede que nos topemos con autoridades que tengan en su espalda denuncias de violación, abuso o maltrato, y que este tipo de situaciones a su vez se repitan en instituciones como la Policía y el Ejército. Exponiendo a las mujeres a la vulnerabilidad absoluta al no poder contar ni siquiera con autoridades competentes y limpias de cualquier forma de maltrato hacia la mujer en su vida privada, quienes se encargan de perpetuar el sistema machista y dilatar procesos que benefician a los violentos, abusivos y asesinos. Consiguiendo nada más revictimizaciones, manipuleo de informes, hostigamiento y persecución a las víctimas de la violencia. Donde en repetidas ocasiones, se cierra el ciclo de maltratos solamente con la muerte.
Ante esta lacerante realidad, se ve urgente la organización de las mujeres para la protección recíproca, apoyo, lucha, vigilancia de casos y prevención de violencia para lograr cambios que construyan una vida digna para las presentes y futuras generaciones de mujeres. De otra manera las niñas seguirán pariendo desde los 11 años, según datos de Sedes, prostituidas también desde los 11 años, según datos de Munasim Kullakita, seguirán siendo asesinadas brutalmente incluso por parejas o ex parejas adolescentes, serán violentadas, humilladas, sometidas, atemorizadas, hasta convertirse en una cifra más de violencia y brutalidad del sistema patriarcal.

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