La participación femenina en la política Boliviana
La participación de las mujeres en la representación política ha estado presente en la normativa boliviana desde finales del siglo XX. Primero con la ley de cuotas (1990), luego con la Participación Popular que establecía la igualdad de condiciones de participación entre hombres y mujeres para la democracia local y mencionaba -entre los deberes de las Organizaciones Territoriales de Base- la promoción del acceso equitativo de las mujeres a niveles de representación.
En 1997 se incorporó en el Código Electoral la cuota del 30% para las listas cerradas de las elecciones parlamentarias, que en 1999 se extendería a las elecciones municipales.
Estas normas se consolidaron en 2001 en una nueva normativa en que se establecieron las cuotas para las elecciones de senadores, diputados y concejales.
Por su parte en la Ley de Partidos Políticos (1999) se disponía la obligación de incluir al menos un 30% de mujeres en todos los niveles de dirección territorial y funcional de las organizaciones, mientras que en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004) se estableció la obligación de un 50% de mujeres en las candidaturas para los cargos de representación popular, con alternancia de género en las listas de candidatos.
Así, después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en 2010, se aprobó la Ley 026 del Régimen Electoral (30 de junio de 2010), que en sus artículos 11 y 58, establece los principios de paridad y alternancia de género en la conformación de las listas de candidatos a diputaciones y senadurías.
Recientemente la disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de aplicar la paridad y alternancia en las listas oficiales de todos los partidos políticos y en cargos de titularidad, no hace otra cosa que completar el largo proceso de "discriminación positiva” en la representación política femenina.
Sin embargo, aunque no debería sorprender a nadie la determinación del TSE, la resistencia de la cultura política boliviana a aplicar los criterios de equidad, que generalmente explota en sus discursos, ha vuelto ha salir a la luz.
El anuncio de que el TSE aplicará un sistema informático que detecte, no sólo cuantitativamente la presencia femenina en las listas, sino depure los "engaños” (que solían presentarse para llegar al porcentaje exigido de presencia femenina, se colocaban nombre femeninos a los hombres, luego ante la lista final y verdadera se los corregía sin mayor preocupación), ha sido una especie de detonante de las más enraizadas expresiones de machismo y la constatación de que aún en nuestro país la política es considerada como un espacio de hombres.
Acostumbrados, como están históricamente los representantes principales de los partidos políticos, a buscar la presencia de las mujeres en las campañas y olvidarse de ellas después de las elecciones (relegándolas a suplencias que, cuando se cumplen se convierten es espacios de acoso y hasta violencia política), se han vuelto a presentar casos de objeciones al cumplimiento de esta nueva disposición.
Hace algunos días, la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, denunció que "los hombres del MAS” no quieren dar oportunidad a las mujeres en la elaboración de las listas de candidatos. Y, aunque se ha reafirmado que se cumplirá la disposición, es de esperar que continúen presentándose casos de resistencia.
La participación de la mujer en la política no sólo es un derecho de la población femenina en un marco de equidad, es también una forma de enriquecer la democracia y hacer de ella un instrumento de servicio a la gente; es decir, a hombres y mujeres.
Impedir, cercenar, coartar o limitar la presencia de las mujeres en las candidaturas, o pretender que se sigan conformando con una presencia muchas veces supeditada a un liderazgo masculino, es un aspecto que no podía continuar vigente en nuestro país.
Ojalá el TSE sea estricto en la aplicación de los métodos de control y, sobre todo, los partidos políticos y sus representantes asuman que ganan con su amplitud, no con su resistencia (o misoginia).
La resistencia de la cultura política boliviana a aplicar los criterios de equidad, que generalmente explota en sus discursos, ha vuelto ha salir a la luz.
Ojalá el TSE sea estricto en la aplicación de los métodos de control y, sobre todo, los partidos y sus representantes asuman que ganan con su amplitud.
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